La reforma constitucional del aborto refuerza un principio esencial: que la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo no dependa de mayorías cambiantes, presiones reaccionarias o fronteras autonómicas.
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Esta reforma tiene una dimensión profundamente democrática: garantiza que nadie pueda recortar la autonomía personal de las mujeres ni convertir su libertad en una disputa ideológica. España puede convertirse así en el segundo país del mundo en reconocer este derecho en su Constitución, después de que Francia ya lo hiciera en 2024
